El diputado federal Federico Döring amplió ante la Fiscalía General de la República (FGR) la denuncia de hechos presentada el 27 de agosto de 2025, para incorporar a Jorge Amílcar Olán Aparicio y a quienes resulten responsables por hechos que podrían constituir delitos como delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
En el escrito presentado este 28 de septiembre, el legislador panista aporta información que, según señala, ha sido difundida públicamente mediante investigaciones periodísticas y solicita que la autoridad ministerial realice las diligencias necesarias para determinar la existencia de conductas delictivas y, en su caso, la probable responsabilidad de quienes resulten involucrados.
Entre los hechos que pide investigar se encuentra el presunto contrabando técnico de combustibles, relacionado en el documento con la empresa Portacelis Gas and Oil. De acuerdo con la investigación periodística citada en la denuncia, se habría reportado formalmente sólo una parte del volumen de diésel importado por las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, con una afectación fiscal que la propia investigación ubica por encima de 830 millones de pesos, conducta que se asocia directamente a una red de protección e influencias políticas vinculadas a Andrés Manuel López Beltrán.
Döring también incorpora información sobre operaciones relacionadas con la empresa Romedic y señala que investigaciones periodísticas han documentado contratos y adquisiciones de insumos médicos por montos millonarios, así como presuntos sobreprecios. Estos señalamientos son presentados en la ampliación como elementos que deberán ser corroborados por la autoridad ministerial mediante las investigaciones correspondientes.
Otro de los puntos centrales de la ampliación corresponde a presuntas operaciones financieras internacionales. El documento solicita investigar una transferencia por 3 mil millones de pesos hacia cuentas en Suiza y pide esclarecer el origen, destino y eventual relación de esos recursos con las conductas denunciadas. La propia denuncia solicita que la FGR recabe información financiera y determine, mediante sus facultades de investigación, si existen elementos constitutivos de algún delito.
“Lo que estamos haciendo es poner en conocimiento de la Fiscalía información y elementos que deben ser investigados a fondo. No corresponde al denunciante determinar responsabilidades penales; corresponde a la autoridad esclarecer los hechos, seguir el dinero y determinar quiénes resulten responsables”, señaló Federico Döring.
El diputado federal solicitó específicamente la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para robustecer la investigación, así como la eventual solicitud de asistencia jurídica internacional ante las autoridades de la Confederación Suiza. También pidió que un juez de control autorice requerir información
bancaria relacionada con el denunciado.
Asimismo, Döring pidió que, ante una eventual salida del país y previa determinación de las autoridades competentes, se valore solicitar la colaboración de Interpol para la localización y, en su caso, las acciones correspondientes conforme al procedimiento legal.
“Esta ampliación busca evitar que se pierdan líneas de investigación y que queden sin esclarecer movimientos financieros, operaciones con combustibles y posibles vínculos entre recursos públicos y particulares. La Fiscalía tiene la obligación de investigar con exhaustividad y determinar qué hechos constituyen delitos y quiénes son responsables”, sostuvo el legislador.
Finalmente, el diputado del PAN solicitó que la ampliación se integre a la carpeta de investigación iniciada con motivo de su denuncia de agosto de 2025 y que la autoridad establezca un plan de investigación con las acciones y diligencias ministeriales necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
