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El INE enfrenta una de las pruebas más complejas de su historia

VOZ CON CRITERIO

La renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del INE, anunciada en medio de señalamientos por presuntas irregularidades, abre una etapa que exige proteger la legalidad, la credibilidad y la independencia de la institución.

Los señalamientos deberán investigarse y esclarecerse sin privilegios y por las vías institucionales.

¿Qué sigue?

De acuerdo con el artículo 41, numerales 1 y 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ante la falta definitiva de la presidencia, las consejeras y los consejeros electorales deberán nombrar una presidencia provisional y comunicar su decisión a la Cámara de Diputados.

Por su parte, el artículo 37, numeral 2, de la misma ley electoral, establece que la Cámara deberá proceder en breve plazo a elegir a quien sustituya a la persona que deja el cargo, conforme al procedimiento del Artículo 41 constitucional.

Esto implica un Acuerdo que incluye una convocatoria pública, la integración del Comité Técnico de Evaluación, análisis los perfiles para una designación que requiere el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes conforme al procedimiento constitucional.

¿Este procedimiento puede realizarse por fast track?

Puede buscarse agilidad, pero nunca a costa de los requisitos constitucionales, legales, la transparencia y la evaluación de las y los aspirantes.

Y hay algo fundamental: construir acuerdos amplios entre las fuerzas políticas puede fortalecer la legitimidad de la designación. La mayoría constitucional es indispensable, pero la confianza ciudadana y política también deben ser una prioridad.

Quien resulte electo no iniciará un nuevo periodo de nueve años: deberá concluir el periodo correspondiente a la vacante, previsto hasta 2032.

Su responsabilidad será conducir al INE en una etapa decisiva, que incluye la elección intermedia y concurrente de 2027 y la presidencial de 2030.

La certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la máxima publicidad deben guiar cada decisión.

Porque la democracia no solo exige autoridades legalmente designadas; necesita instituciones autónomas, capaces de generar confianza ciudadana.

Esto es Voz con Criterio.

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